Por Sergio Hernández Gil
Aunque marginada por el análisis serio y objetivo de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, la nota sobresaliente de la semana es la relativa al diferendo entre las dos principales cadenas de televisión del país (Televisa y Televisión Azteca y sus filiales de televisión restringida) contra el Instituto Federal Electoral (IFE), a raíz del manejo que estos medios electrónicos han dado a los promocionales de los partidos políticos y del propio Instituto con miras a las elecciones del próximo día 5 de julio.
Tanto en las dos cadenas de televisión como en la mayoría de las estaciones de radio, previo a la transmisión de los spots políticos durante toda la semana pasada se ha venido anteponiendo un aviso en el que se señala al IFE como el responsable de obligar a los canales a “interrumpir su programa favorito” para escuchar los mensajes de los partidos políticos, con el propósito de provocar lo que en comunicación se llama “saturación” y causar rechazo a dichos promocionales electorales, a la propia autoridad electoral, y por ende, restar credibilidad a los partidos políticos (aunado a su propio desprestigio) y a cualquier actitud o acción de los legisladores que afecte los intereses hegemónicos de las televisoras.
Salvo contadas excepciones (como Miguel Ángel Granados Chapa, Julio Hernández, Salvador García Soto, Francisco Garfias y Javier Corral Jurado), la mayoría de los columnistas y articulistas que se han referido a este asunto han tendido a minimizar las graves consecuencias que representa la insurrección de las televisoras, a más de callar sobre la principal causa que ha motivado su conducta, que es la imposibilidad legal de cobrar los 23 millones de spots que ahora se transmitirán –por la Reforma Electoral- en tiempos del Estado, de aquí al 5 de julio.
Esta cantidad de spots es similar a la que se transmitió en el proceso electoral del 2006 y que representó para la televisión y la radio un ingreso de más de 4 mil 400 millones de pesos (2,700 millones pagados por los partidos políticos y 1,700 millones por el Consejo Coordinador Empresarial y la Presidencia de Vicente Fox, según ha afirmado Javier Corral, un destacado promotor para una regulación más estricta a las televisoras).
Por ejemplo, el otrora combativo Ricardo Alemán, hoy sumiso ante la derecha y el poder, ha esgrimido el discurso de que en este proceso “todos mienten”: partidos políticos, IFE y gobierno incluido; y desvía la atención al señalar que se trata de una lucha de poder entre la “telecracia” y la “partidocracia”, y que el IFE, a final de cuentas, “es un empleado de los partidos”. Este manejo del lenguaje, en el que se supedita la verdad, o se esconde, para derivarla en un enfrentamiento entre dos poderes fácticos, pretende reforzar la idea frecuente que existe entre diversos grupos sociales acerca de que en la política y los políticos no es posible confiar y que sus intereses son los propios y no los de la ciudadanía, y transmitiendo el mensaje de que este tipo de conducta es general en la clase política.
No estamos ajenos a que en el IFE se manejan a través de los Consejeros Electorales los intereses de los partidos políticos, pero es un tanto ingenuo creer que se han unido para enfrentar a las televisoras como poder fáctico cuando lo que quiere cada uno, y su razón de ser, es obtener el poder para sí mismos, por partido o por sus representantes.
Una actitud similar a la de Alemán tienen otros columnistas, como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Denisse Maerker y Sergio Sarmiento, quienes como empleados de las televisoras que son, acotan su discurso a difundir la especie de que las reformas a la Ley Electoral que impiden a los particulares la contratación de espacios para la transmisión de spots de carácter político son un atentado a la libertad de expresión, cuando lo que se produjo fue una regulación para evitar que grupos con poder económico apoyen a tal partido o candidato en detrimento de los otros como sucedió en la elección presidencial pasada. La Reforma Electoral no impide que cualquier persona pueda expresar su parecer sobre otra, o en relación a un candidato, siempre y cuando lo haga sin que tenga que pagar para que difundan su opinión.
No abordan tampoco, por ejemplo, el hecho de que la televisión y la radio son concesiones del Estado a particulares, y que en ese sentido estos medios deben servir a los intereses de la ciudadanía y no a los de grupos económicos o al partido en el poder. En este sentido, la presentación en bloque que hicieron de los promocionales de los partidos políticos y del IFE, al transgredir la pauta de transmisión, de acuerdo a los propios consejeros, especialmente Virgilio Andrade, implica una violación al artículo 350, párrafo I, inciso C) del Cofipe, lo cual finalmente tipifica una conducta que significa un atentado a la función social de estos medios para contribuir a fortalecer la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana y el fortalecimiento de las convicciones democráticas, a las que alude el artículo V fracción IV de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Luego de esta semana de presiones, parece que al fin el Instituto Federal Electoral decidió tomar cartas en el asunto y pedir explicaciones a los responsables de estas cadenas de televisión, y tras escuchar sus primeras respuestas decidieron iniciar un proceso que concluirá en algún tipo de sanción económica que será determinada en el curso de los próximos días. (Se espera que hoy lunes sean notificadas las empresas; mañana y el miércoles las televisoras podrán ejercer su derecho de audiencia; y el jueves se elaborará el dictamen que corresponda. El viernes, el Consejo General del IFE sesionará para fijar las sanciones que, de acuerdo al artículo 354 del Cofipe, pueden ir desde una amonestación pública hasta multas por cien mil días de salario mínimo y, en caso de reincidencia, hasta de 200 mil días de salario mínimo. En casos extremos se les podría suspender la transmisión del tiempo comercializable de una a 36 horas).
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Aunque marginada por el análisis serio y objetivo de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, la nota sobresaliente de la semana es la relativa al diferendo entre las dos principales cadenas de televisión del país (Televisa y Televisión Azteca y sus filiales de televisión restringida) contra el Instituto Federal Electoral (IFE), a raíz del manejo que estos medios electrónicos han dado a los promocionales de los partidos políticos y del propio Instituto con miras a las elecciones del próximo día 5 de julio.
Tanto en las dos cadenas de televisión como en la mayoría de las estaciones de radio, previo a la transmisión de los spots políticos durante toda la semana pasada se ha venido anteponiendo un aviso en el que se señala al IFE como el responsable de obligar a los canales a “interrumpir su programa favorito” para escuchar los mensajes de los partidos políticos, con el propósito de provocar lo que en comunicación se llama “saturación” y causar rechazo a dichos promocionales electorales, a la propia autoridad electoral, y por ende, restar credibilidad a los partidos políticos (aunado a su propio desprestigio) y a cualquier actitud o acción de los legisladores que afecte los intereses hegemónicos de las televisoras.
Salvo contadas excepciones (como Miguel Ángel Granados Chapa, Julio Hernández, Salvador García Soto, Francisco Garfias y Javier Corral Jurado), la mayoría de los columnistas y articulistas que se han referido a este asunto han tendido a minimizar las graves consecuencias que representa la insurrección de las televisoras, a más de callar sobre la principal causa que ha motivado su conducta, que es la imposibilidad legal de cobrar los 23 millones de spots que ahora se transmitirán –por la Reforma Electoral- en tiempos del Estado, de aquí al 5 de julio.
Esta cantidad de spots es similar a la que se transmitió en el proceso electoral del 2006 y que representó para la televisión y la radio un ingreso de más de 4 mil 400 millones de pesos (2,700 millones pagados por los partidos políticos y 1,700 millones por el Consejo Coordinador Empresarial y la Presidencia de Vicente Fox, según ha afirmado Javier Corral, un destacado promotor para una regulación más estricta a las televisoras).
Por ejemplo, el otrora combativo Ricardo Alemán, hoy sumiso ante la derecha y el poder, ha esgrimido el discurso de que en este proceso “todos mienten”: partidos políticos, IFE y gobierno incluido; y desvía la atención al señalar que se trata de una lucha de poder entre la “telecracia” y la “partidocracia”, y que el IFE, a final de cuentas, “es un empleado de los partidos”. Este manejo del lenguaje, en el que se supedita la verdad, o se esconde, para derivarla en un enfrentamiento entre dos poderes fácticos, pretende reforzar la idea frecuente que existe entre diversos grupos sociales acerca de que en la política y los políticos no es posible confiar y que sus intereses son los propios y no los de la ciudadanía, y transmitiendo el mensaje de que este tipo de conducta es general en la clase política.
No estamos ajenos a que en el IFE se manejan a través de los Consejeros Electorales los intereses de los partidos políticos, pero es un tanto ingenuo creer que se han unido para enfrentar a las televisoras como poder fáctico cuando lo que quiere cada uno, y su razón de ser, es obtener el poder para sí mismos, por partido o por sus representantes.
Una actitud similar a la de Alemán tienen otros columnistas, como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Denisse Maerker y Sergio Sarmiento, quienes como empleados de las televisoras que son, acotan su discurso a difundir la especie de que las reformas a la Ley Electoral que impiden a los particulares la contratación de espacios para la transmisión de spots de carácter político son un atentado a la libertad de expresión, cuando lo que se produjo fue una regulación para evitar que grupos con poder económico apoyen a tal partido o candidato en detrimento de los otros como sucedió en la elección presidencial pasada. La Reforma Electoral no impide que cualquier persona pueda expresar su parecer sobre otra, o en relación a un candidato, siempre y cuando lo haga sin que tenga que pagar para que difundan su opinión.
No abordan tampoco, por ejemplo, el hecho de que la televisión y la radio son concesiones del Estado a particulares, y que en ese sentido estos medios deben servir a los intereses de la ciudadanía y no a los de grupos económicos o al partido en el poder. En este sentido, la presentación en bloque que hicieron de los promocionales de los partidos políticos y del IFE, al transgredir la pauta de transmisión, de acuerdo a los propios consejeros, especialmente Virgilio Andrade, implica una violación al artículo 350, párrafo I, inciso C) del Cofipe, lo cual finalmente tipifica una conducta que significa un atentado a la función social de estos medios para contribuir a fortalecer la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana y el fortalecimiento de las convicciones democráticas, a las que alude el artículo V fracción IV de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Luego de esta semana de presiones, parece que al fin el Instituto Federal Electoral decidió tomar cartas en el asunto y pedir explicaciones a los responsables de estas cadenas de televisión, y tras escuchar sus primeras respuestas decidieron iniciar un proceso que concluirá en algún tipo de sanción económica que será determinada en el curso de los próximos días. (Se espera que hoy lunes sean notificadas las empresas; mañana y el miércoles las televisoras podrán ejercer su derecho de audiencia; y el jueves se elaborará el dictamen que corresponda. El viernes, el Consejo General del IFE sesionará para fijar las sanciones que, de acuerdo al artículo 354 del Cofipe, pueden ir desde una amonestación pública hasta multas por cien mil días de salario mínimo y, en caso de reincidencia, hasta de 200 mil días de salario mínimo. En casos extremos se les podría suspender la transmisión del tiempo comercializable de una a 36 horas).
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